Esta semana la Presidenta Michelle Bachelet anunció una reforma al sistema de pensiones chileno, que abarca al menos tres aspectos. El primero, es un incremento de la cotización, con un 5 por ciento adicional “con cargo al empleador”; el segundo es la creación de un “pilar de ahorro colectivo solidario”; por otra parte, la administración de los recursos quedará entregada a una entidad estatal.Estos temas son siempre polémicos, pero sería bueno aclarar ciertos criterios. El primero es que Chile requiere pensiones adecuadas, que permitan vivir mejor a quienes están en la última etapa de su vida, cualesquiera hayan sido sus ingresos laborales; segundo, que es necesario ahorrar más para que se incrementen las pensiones; tercero, que se trata de una responsabilidad compartida como sociedad. Todo esto, además de considerar dos aspectos de la realidad, como son la insuficiencia de lo que recibe gran parte de la población tras jubilar, así como el hecho de que el progreso del país ha llevado a que la gente tenga una vida más larga.En la práctica, la propuesta gubernativa es un aumento de impuestos, con otro nombre. Será obligatorio, lo deberá pagar el empleador, en una fórmula en que un 3% irá para el ahorro privado y el 2% adicional a un fondo común. Ya se verán las consecuencias de la fórmula, pero prueban algo que ha estado en la discusión: las pensiones serán más altas si hay más ahorro -también lo sería con las AFP-, lo que muestra un aspecto bien orientado de la reforma. Sin embargo, un Estado que quiere ser más solidario debe actuar en consecuencia: para eso hay que reducir las decenas de millones de dólares de gastos inútiles, reparticiones poco adecuadas o ineficientes, las numerosas  personas contratadas, entre “operadores políticos”, personas del partido y tantos otros. Mejorar las pensiones es un deber, hacerlo con inteligencia también lo es. Subir los impuestos, cargar a los empleadores de numerosas PYMES con un costo adicional, crear nuevos organismos del Estado, es al menos discutible. Por otra parte, el Estado tiene los recursos suficientes para mejorar las pensiones, que han quedado en una segunda o tercera prioridad en el gasto social. Hay que mejorar las pensiones, y hay que hacerlo con inteligencia. 

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