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Efe
El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El Gobierno valoró el informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que este jueves instó a Nicolás Maduro a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en Venezuela.

"Valoramos el informe de la alta comisionada", la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien mañana lo presentará ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra (Suiza), señaló en un tuit el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera.

Según el jefe de la diplomacia chilena, el informe de la alta comisionada permite asentar el consenso "acerca de la insostenible situación humanitaria de Venezuela" que ha devenido en una crisis migratoria sin precedentes que requiere de un abordaje regional.

Informe será presentado hoy

En el informe que este viernes presentará Bachelet en Ginebra, tras su reciente visita a Caracas, advierte de que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También se destacan las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

 

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